28-06-2017

La Cámara de Diputados aprueba en general el proyecto que penaliza la corrupción empresaria

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La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general, por 131 votos a favor, 63 en contra y 7 abstenciones, el proyecto de responsabilidad penal empresaria.

En un debate de siete horas, la Cámara baja aprobó en general el texto de autoría del Poder Ejecutivo y pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles de la próxima semana para votar en particular cada uno de los artículos. Luego girará la iniciativa para su tratamiento en el Senado.

Como miembro informante del proyecto, la diputada Gabriela Burgos, presidente de la comisión de Legislación Penal, remarcó que se trata de una iniciativa que busca “sancionar a personas jurídicas en delitos relacionados con el fraude a la administración pública”.

Detalló que la iniciativa diferencia la responsabilidad de personas jurídicas y humanas, genera multas y sanciones “para atacar la corrupción” y establece el decomiso de los bienes que hayan sido producto de hechos ilícitos.

En tanto, la diputada Burgos recordó que el proyecto fue demandado por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “De los 40 países que conforman la OCDE, Argentina es el único que no cumplió en establecer en su régimen interno este tipo de sanciones”, dijo.

Desde el oficialismo, el diputado Daniel Lipovetzky remarcó el trabajo que demandó la elaboración del texto durante los debates en comisiones: “Le dimos el tratamiento que ameritaba, escuchamos a expertos y especialistas en dos reuniones informativas”, detalló. “Es un paso enorme: si hubiéramos tenido la ley antes, muchas de las empresas estarían ahora siendo objetos de investigación en la Justicia”, resumió el diputado de Unión PRO.

Mario Negri, titular del bloque de Cambiemos, dijo que el objetivo es “contribuir a que tengamos mayor transparencia, como en muchos países del mundo”.

"El proyecto prevé que las compañías puedan autodenunciarse, colaborar con información y se dan incentivos con procesos cortos”, añadió el diputado de la UCR.

Por el lado de la oposición, la diputada Mónica Litza, del bloque Federal Unidos por una Nueva Argentina, advirtió que su bancada presentó un dictamen propio, en contraposición del proyecto del Ejecutivo. “Tenemos la voluntad de ir a fondo. Esto significa que tanto empresarios como funcionarios corruptos tengan temor con esta ley”, aseveró.

La titular del bloque FUNA, Graciela Camaño, enumeró las “falencias” que a su juicio exhibe el dictamen de mayoría, como la falta de contemplación sobre el lavado de dinero o el registro de empresas infractoras. Asimismo, Camaño dijo que “el proyecto está condenado a morir en el Senado” y convocó a “hacer un trabajo legislativo para que Argentina salga del fango en el que está metida”.

María Emilia Soria, en nombre del Frente para la Victoria, criticó en duros términos la normativa y consideró que “más que combatir la corrupción tiene la finalidad de darle impunidad a las empresas, de esta manera es imposible de acompañar el proyecto”.

Desde el bloque Justicialista, el diputado Néstor David puso reparos en la normativa al plantear la necesidad de devolverla a comisión, “no para congelarla, sino para plantear otros temas”. Maurice Closs, del Frente de la Concordia Misionero, coincidió igualmente con esta propuesta.

Por su parte, Margarita Stolbizer, diputada del bloque GEN, dijo que el proyecto “es un avance que va más allá de los compromisos internacionales de la Argentina, va a mejorar nuestros propios estándares internos”. Sin embargo, también se diferenció de algunos artículos de la iniciativa y cuestionó la jurisdicción del Poder Ejecutivo en herramientas generadas por la ley.

Alicia Ciciliani, del Partido Socialista, adelantó que realizaría “aportes y propuestas” a la normativa en su votación en particular. “Cuando un funcionario acepta un sobreprecio le está robando al Estado”, definió.

En tanto, el Frente de Izquierda también presentó un dictamen propio. “Esta ley es para salvar a las empresas corruptas, como el caso de Odebrecht y sellar un pacto de impunidad”, dijo el diputado Juan Carlos Giordano. Entre los detractores de la normativa, también expusieron diputados del Peronismo para la Victoria, Compromiso Federal y Proyecto Sur.

Principales lineamientos del proyecto

La iniciativa busca avanzar en la investigación y la sanción de la “otra parte” de la corrupción, la de los privados. En las leyes actuales las penas recaen sobre las personas físicas -directivos, gerentes o quienes tienen responsabilidad por los delitos- pero no sobre las organizaciones, como sí sucede en otros países. El proyecto fue presentado el 20 de octubre de 2016, pero nunca se trató hasta ahora en el recinto.

Si la iniciativa prospera en el Senado, habrá cambios en el Código Penal para establecer un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas por delitos cometidos contra la administración pública, y por cohecho (soborno) trasnacional.

El proyecto original de responsabilidad empresaria fue elaborado por la Oficina Anticorrupción con la colaboración de especialistas. La responsabilidad penal de "las personas jurídicas" incluye -según el texto- a sociedades, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas, nacionales o extranjeras, tengan o no participación estatal.

Las personas jurídicas serán consideradas responsables de los delitos cuando fueren "consecuencia de un control y supervisión inadecuado", pero podrían eximirse de haber implementado un "programa de integridad" acorde con los riesgos de la actividad y con capacidad de prevenir y detectar los delitos, y ponerlos en conocimiento de las autoridades, señala el texto del proyecto.

Entre las sanciones se establecen multas del 1% al 20% de los ingresos brutos anuales de la persona jurídica. Y se prevé la posibilidad de acuerdos de colaboración con "informantes", que atenúen las sanciones o excluyan de la responsabilidad.

El Gobierno busca de este modo cumplir con las recomendaciones de la OCDE para la lucha contra la corrupción y el soborno trasnacional y actualizar la legislación en este sentido, como ya está vigente en vecinos como Chile y Brasil.

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