26-12-2019

La Comunitaria fue otra vez a la Justicia contra la Municipalidad de Rivadavia, esta vez sin Grabois

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Era de esperar que el conflicto entre La Comunitaria y la Municipalidad de Rivadavia llegara a la instancia judicial. En esta oportunidad las diferencias son por el galpón de la calle América donde el Gobierno local quiere construir una residencia estudiantil. Al igual que el año pasado todo se dirimirá en la Justicia en lo Contencioso Administrativo de Trenque Lauquen.

Una diferencia es que en aquella ocasión el patrocinio letrado de la cooperativa estuvo en parte a cargo de Juan Grabois. En esta oportunidad será un renombrado abogado de la región quien lleve adelante el pleito. Se trata de Darío Culacciatti.

¿Qué pide La Comunitaria?

La Comunitaria pide a la Justicia que anule parcialmente la Ordenanza 4267/2019 y el Decreto 1961/2019. Recodemos que la mencionada ordenanza es la que declara de utilidad pública la construcción de la residencia estudiantil en el lugar donde está el galpón que usa dicha cooperativa.

También piden que el contrato de comodato sea reconocido como contrato de concesión. Pero a la vez critican que la Municipalidad quiera rebajar el comodato a “permiso precario”. Es decir, quieren subir de categoría a lo que se firmó y critican que se lo quiera rebajar.

¿Pide sólo la anulación de la ordenanza que la obligaría a abandonar el predio?

Además de la pretensión principal hay una subsidiaria. Esto vendría a ser un plan “B”. Algo de lo más habitual en los juicios. Es una precaución por si lo que se pide en primer término no es concedido por el juez.

En este caso, la Comunitaria evalúa la posibilidad de que la Justicia falle a favor de la Municipalidad y deje el camino allanado para que los saquen del lugar. Si esto es así, pide una indemnización de dos millones y medio de pesos por “los daños y perjuicios ocasionados en la privación de uso” y además por “la inversión efectuada en la puesta en valor del inmueble”.

Carrera contra el tiempo

Además, pide una medida cautelar para que, mientras se decide si se anula o no la ordenanza atacada, se suspenda su ejecución. De esta forma buscan evitar el desalojo del predio mientras se desarrolla el juicio.

No es un punto menor. En el Derecho Administrativo los plazos que tiene el Estado para contestar son mucho más extensos que en los juicios civiles o comerciales. Es decir que la decisión podría tardar. Con acertado criterio, el letrado de la cooperativa, previendo esto, pide la suspensión de los efectos de la ordenanza, para que el tiempo que insuma el juicio no los encuentre desalojados.

Esta acción judicial es muy reciente. De hecho, se inició el 20 de diciembre. Y aun no fue notificada a la Municipalidad. Por lo pronto el único plazo que entrará a “correr” para el Municipio es la remisión del expediente administrativo.

Evidentemente será otro capítulo de la escalada de tensión entre el Municipio y la Comunitaria no apto para ansiosos. Los tiempos de la Justicia invitan a desarrollar la paciencia más que el budismo o la meditación. Con la salvedad de que, dentro de esta realidad, el fuero Contencioso de Trenque Lauquen es más que expeditivo.